Durante años, buena parte del discurso ambiental se ha construido en torno a una idea difícil de rebatir: cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de su propio impacto.

No dejar residuos. Mantenerse en los senderos señalizados. Reducir las emisiones. Evitar las zonas sensibles. Consumir menos recursos. Compensar cuando sea necesario. Entender que entrar en un entorno natural también implica aceptar una responsabilidad hacia él.

Todo eso tiene sentido.

Pero quizá sea el momento de completar la frase.

La responsabilidad individual exige una gobernanza responsable.

No podemos pedir a millones de visitantes que cambien su comportamiento mientras las estructuras que gestionan los destinos siguen funcionando, en gran medida, como hace veinte años.

La sostenibilidad no puede consistir únicamente en educar a los turistas. También debe significar transformar la manera en que los gobiernos, los gestores de destinos, las empresas y los operadores turísticos gestionan los impactos generados por el propio turismo.

Si pedimos más, debemos proporcionar las herramientas

Cuando alguien visita un parque nacional, una reserva marina o cualquier otro espacio natural protegido, su presencia genera inevitablemente presión sobre el territorio.

Viaja. Consume agua y energía. Genera residuos. Utiliza infraestructuras. Produce emisiones. Y comparte espacio con ecosistemas que, en muchos casos, ya soportan una presión ambiental considerable.

Podemos pedirle que sea consciente de ello.

Podemos incluso pedirle que contribuya económicamente a la conservación.

Pero si lo hacemos, debemos ofrecer algo a cambio: información, transparencia y una capacidad real de actuar.

Si queremos que los visitantes reduzcan su impacto, primero debemos ser capaces de explicar en qué consiste ese impacto.

Si queremos que contribuyan económicamente, debemos explicar a dónde va su dinero.

Y si esperamos que cambien determinados comportamientos, debemos ofrecerles alternativas viables que les permitan hacerlo.

De lo contrario, estamos trasladando a los individuos una responsabilidad que el propio sistema de gestión aún no ha asumido por completo.

Medir antes de pedir

Existe otra cuestión fundamental: no podemos gestionar lo que no comprendemos.

¿Qué presión ejerce realmente el turismo sobre un ecosistema concreto?

¿Cuánta agua consume?

¿Cuántos residuos genera?

¿Dónde están los principales puntos de presión?

¿Qué actividades generan el mayor impacto ambiental?

¿En qué momentos del año?

¿En qué zonas?

¿Y qué proyectos de conservación deberían priorizarse a partir de esa información?

Con demasiada frecuencia hablamos de sostenibilidad mediante indicadores amplios y agregados, mientras que la conservación sucede exactamente al contrario: en lugares concretos, ante problemas concretos, que requieren soluciones concretas.

Un parque nacional no solo necesita saber cuántas personas lo visitaron el año pasado. Necesita comprender qué ocurrió en el territorio como consecuencia de esas visitas.

Ahí es donde comienza la gobernanza ambiental basada en datos.

Los turistas no pueden ser los únicos bajo escrutinio

Es relativamente fácil colocar un cartel que diga: «Protege este lugar».

Construir el sistema capaz de protegerlo de verdad es considerablemente más difícil.

Requiere tecnología, medición, mantenimiento, infraestructuras, coordinación institucional, financiación, transparencia y seguimiento continuo.

En ese punto, la responsabilidad deja de ser exclusivamente individual.

Las administraciones públicas deben crear marcos que hagan posible la acción. Los gestores de espacios protegidos necesitan mejores herramientas para comprender la presión turística. Las empresas que obtienen valor económico de estos territorios deberían participar en las soluciones. Y la tecnología debería permitir que millones de interacciones individuales se conviertan en información útil para la conservación.

La responsabilidad debe extenderse a toda la cadena de valor.

Visitantes, operadores, empresas, gestores de destinos e instituciones públicas.

Porque situar la responsabilidad únicamente en el último eslabón de esa cadena puede resultar cómodo. También es claramente insuficiente.

De la concienciación a la participación

Durante décadas hemos intentado hacer que los visitantes tuvieran mayor conciencia ambiental.

Quizá el siguiente paso sea permitirles participar.

Existe una diferencia importante entre decirle a alguien «cuida este parque» y poder explicarle:

Este es el impacto aproximado asociado a tu visita. Estos son los principales retos ambientales que enfrenta este territorio. Estos son los proyectos que trabajan para abordarlos. Y así es como puedes contribuir.

En ese momento dejamos de tratar a los turistas simplemente como parte del problema y empezamos a integrarlos en la solución.

Pero para lograrlo necesitamos algo que históricamente ha faltado en muchas políticas ambientales relacionadas con el turismo: la trazabilidad.

Si existe una contribución económica vinculada a la conservación, los visitantes deberían poder entender cuánto se recauda, cuánto llega al territorio, qué proyectos se financian y qué resultados producen esos proyectos.

La transparencia no debería ser un apartado pulido escondido en algún rincón de una memoria de sostenibilidad anual.

Debería formar parte de la estructura misma del sistema.

El sector privado también tiene responsabilidades

La gobernanza no termina en las instituciones públicas.

Hoteles, operadores turísticos, plataformas de reserva, empresas de transporte, guías, concesionarios y negocios cuya actividad económica depende de los destinos naturales forman parte del mismo ecosistema turístico.

Y si se genera valor económico porque estos territorios existen y siguen siendo atractivos, es razonable esperar que también participen en su conservación.

Eso no significa necesariamente más impuestos o más burocracia.

Existen mecanismos potencialmente más eficaces: tecnología compartida, financiación de proyectos, sistemas de medición integrados, contribuciones vinculadas a la actividad turística o herramientas que permitan a los propios visitantes participar directamente.

La colaboración público-privada puede convertir la conservación en parte de la infraestructura económica de un destino, en lugar de tratarla simplemente como una partida presupuestaria más que compite por financiación cada año.

Un nuevo contrato entre los visitantes y el territorio

Estamos entrando en un período en el que los destinos naturales tendrán que gestionar algo mucho más complejo que el número de visitantes.

Tendrán que gestionar el impacto.

Y eso exige cambiar algunas de las preguntas que nos hacemos.

No solo cuántas personas entraron, sino qué presión generó su presencia.

No solo cuánto dinero gastaron, sino cuánto valor permaneció en el territorio.

No solo qué comportamiento esperamos de los visitantes, sino qué herramientas les proporcionamos.

Y, sobre todo, no solo cuánta responsabilidad estamos dispuestos a exigir a los turistas.

Sino cuánta responsabilidad estamos dispuestos a exigirnos a nosotros mismos como gestores, empresas e instituciones.

La responsabilidad individual es esencial.

Pero solo funciona cuando existe un sistema responsable detrás.

Proteger los entornos naturales no puede depender exclusivamente de que millones de individuos, de manera independiente, elijan hacer lo correcto.

Necesitamos que hacer lo correcto sea la opción más fácil, más transparente y más lógica.

Y eso ya no es solo responsabilidad del visitante.

Es una cuestión de gobernanza.